DFV de l'assignatura Història d'Amèrica

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jueves, 13 de octubre de 2016

Las acusaciones contra Lula, frustración y melancolía para la izquierda política.


http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/09/22/las-acusaciones-contra-lula-frustracion-y-melancolia-para-la-izquierda-politica/

Luiz Inacio Lula da Silva ejerció como presidente del Brasil desde el 1 de enero de 2003 hasta el 1 de enero de 2011, cuando le sucedió Dilma Rousseff, una directa colaboradora suya. En julio de 2003 publiqué un artículo [muy optimista] sobre la nueva coyuntura brasileña y pocos meses después otro menos esperanzador, a pesar de que mantenía un buen ánimo. En él afirmaba: “Es pronto todavía para emitir valoraciones contundentes, pero parece que hay demasiadas inercias del pasado y que la mudança do model no está, desgraciadamente, a la vuelta de la esquina” [“Lula, Allende i la revolució passiva a la brasilera”, L’Espill, 2003].

Ahora han pasado cinco años de la salida de Lula del Palacio de Planalto. Su sucesora acaba de ser apartada del poder por votación del Senado y el propio ex presidente ha sido formal y gravemente acusado por la Justicia brasileña. Concretamente, la Fiscalía, mediante un auto de 149 páginas, dice que “Después de asumir el cargo de Presidente de la República, Lula comandó un esquema delictivo de desvío de recursos públicos destinados a enriquecerse ilícitamente, con el objetivo de perpetuarse criminalmente en el poder”. 

El auto de la fiscalía es durísimo. De hecho, afirma que a) Lula se mantuvo en el poder merced una gobernabilidad asentada en bases criminales mediante la compra de apoyo político; b) generó en favor de su partido –el Partido de los Trabajadores, PT- un colchón de recursos ilícitos para sufragar futuras campañas electorales en el contexto de una perpetuación criminal en el poder; c) dispuso en su provecho de dinero procedente de crímenes, propiciando un enriquecimiento ilícito. Todas estas ventajas estuvieron ligadas al desvío de recursos públicos y al pago de sobornos a agentes públicos y políticos, organizaciones partidarias y operadores financieros”. Terribles acusaciones, ciertamente.

Independientemente de cómo evolucione la causa judicial contra el expresidente, lo bien cierto es que leer lo que escribí hace trece años y compararlo con lo que ahora sabemos y está confirmado respecto del volumen de la corrupción gubernamental brasileña durante los periodos de Lula y Dilma, incita a la frustración y a la melancolía que son propias de las expectativas de progreso defraudadas sin anestesia.

A pesar de que la propuesta lulista de 2003 se había querido sintetizar en un mensaje sesentayochista ("Paz e amor"), detrás  había una propuesta muy polisémica, ciertamente, pero un poco más tangible: la mudança do model. Una propuesta de cambiar el modelo [económico y social] que consiguió el apoyo de más de cincuenta y dos millones de votos favorables a Lulinha.

A ellos les había escrito su Carta ao Povo Brasileiro, en la que sostenía que "será  necesaria una lúcida y juiciosa transición entre el que tenemos hoy y aquello que la sociedad reivindica. Lo que se hizo o se dejó de hacer en ocho años no será compensado en ocho días. El nuevo modelo no puede ser producto de decisiones unilaterales del gobierno, tal como ocurre hoy, ni será implantado por decreto, de modo voluntarista. Será fruto de una amplia negociación nacional, que tiene que conducir a una auténtica alianza por el país, a un nuevo contrato social, capaz de asegurar crecimiento con estabilidad".
        
La mudança empezó a hacerse tangible desde la misma toma de posesión de Lula. Dos medidas fueron especialmente resaltadas: la de dar títulos de propiedad a millones de habitantes de las favelas de todo Brasil y la anunciada por el ministro de educación Cristovam Buarque: "Retribuiremos a los analfabetos para aprender a escribir". Buarque, además, era muy explícito al referirse al fenómeno Lula, al lulismo, cuando declaraba "Creo que todavía no tenemos un rumbo ideológico claro. No sabemos todavía bien que es el llamado lulismo". El ministro de educación pedía ayuda a la Universidad [El País, 16.01.2003].

Pues bien, ésta, como reclamaba Buarque, pronto empezó a intervenir en el debate. Luiz Werneck Vianna, reconocido profesor del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro (IUPERJ), escribiría un artículo titulado significativamente "O que mudou", y afirmaba que estaba en curso una revoluçao silenciosa, en la que "todo ha cambiado, porque nuestras instituciones surgen ahora como lugares de confianza para la realización de los cambios que la sociedad ha decidido emprender" [Folha de Sao Paulo, 10.02.2003]. Werneck había retomado el concepto gramsciano de revolución pasiva, una revolución sin revolución, y lo utilizaba en su análisis de lo que estaba pasando en Brasil.

Convencido que la revolución en estos tiempos de mundialización y de cambios radicales en los patrones productivos no puede ser una revolución de ruptura, sino que tiene que ser necesariamente pasiva, el problema reside en quien dirige los cambios para que estos tengan una dirección y un sentido positivos para la mayoría. El gran desafío es que sean las fuerzas del cambio, las de la mudança, las que dirijan el proceso en términos de los actores políticos, de los programas de gobierno, de los cambios sociales y económicos.

Lula, afirmaba el profesor, podría ser el director del proceso de revolución pasiva que se movía hacia delante no tanto como reacción a los movimientos sociales sino para consolidarlos y, además, para reforzar todavía más la senda de la democratización progresiva del país.

Ciertamente el nuevo presidente del Brasil enfrentaba lo que no puede sino calificarse como un desafío histórico. Un reto que Lula expresó sin un gramo de retórica cuando cifró el éxito de su gobierno en la consecución de que los brasileños, todos los brasileños, hicieran tres comidas al día al final de la primera legislatura. El diario El País, explícito, titulaba a las pocas horas del primer Consejo de Ministros presidido por Luiz Inácio da Silva: "44 millones de hambrientos esperan a Lula. La lucha contra la pobreza en un país de recursos es el gran reto del nuevo gobierno brasileño" [El País, 05.01.2003].

La visión que teníamos en 2003 era de gran expectación en la medida que pensábamos que si aquella revolución pasiva a la brasileña ponía en marcha profundas reformas sociales financiadas desde el crecimiento con estabilidad, que era el contenido de lo que Lula denominaba nuevo contrato social, eso sí que resultaría democráticamente revolucionario. Y podría serlo no sólo para el Brasil, sino, como referencia, para los otros países del área. La experiencia brasileña podría ser una propuesta tangible para que en América Latina se empezara a ver la luz al final del larguísimo túnel de la desigualdad.

La euforia aun así duró poco y,  rápidamente, en tanto que se tomaban medidas desde el nuevo gobierno, las críticas empezaron a hacerse explícitas. Desde la Universidad, como había pedido Cristovam Buarque, también empezaron a llegar censuras de gran calado hacia el gobierno trabalhista. Boris Fausto, prestigioso historiador y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidade de Sao Paulo escribió que no era para él una sorpresa que los nuevos gobernantes hubieran asumido con convicción la ruta del capitalismo, pero sí que había sido una novedad que más que hacerlo desde una orientación socialdemócrata lo hubieran hecho desde el modelo norteamericano. Fausto acusaba al gobierno de Lula de haber usado "las fanfarrias de Fome Zero como un habilidoso cortafuego anticipado de las quejas populistas o de izquierda en cuanto al rumbo de la política económica" [Folha de Sao Paulo, 19.10.2003].

Luiz Werneck Vianna, quien en febrero de 2003 hablaba de la revolución pasiva que estaba produciéndose en Brasil, en entrevista concedida al mismo diario en octubre, se nos rebelaba con un gran pesimismo. El mismo título de la entrevista ya era contundente: "O PT é quase um partido liberal". Werneck advertía un cambio de rumbo muy profundo en, por ejemplo, las cuestiones de Medio ambiente, pero es que, además, explicaba que el Estado había perdido presencia como "o grande tomador de decisoēs em matéria econômica", en beneficio del mercado. Además el profesor encendía dos alarmas de la máxima importancia. La primera era que el único partido [el PT] identificado con una idea de cambio [mudança] había sido dominado por el conservadurismo, por la inercia. Y añadía: "Sera uma herança muito complicada de se administrar". La segunda, quizás todavía más peligrosa: el PT y Lula estaban desviándose de la ruta que habían prometido, y esto era peligrosísimo porque la sociedad había creído que la política podía cambiar el país. Y la política estaba diciéndole a la sociedad que no era capaz de hacerlo. Si esto se confirmaba –concluía Werneck-, sería la peor pedagogía para los brasileños, puesto que provocaría la pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas, y Sem democracia, as mudanças são impossiveis" [Folha de Sao Paulo, 19.10.2003].

Escribía yo en 2003, en sintonía con lo expuesto más arriba, que ese fracaso de la política tendría efectos terribles no sólo sobre Brasil, sino sobre toda la América Latina, cuando menos. Es una ley universal de la política: la distancia entre las expectativas generadas y los resultados finales de la gestión de los líderes y partidos que las han provocado ha tenido siempre resultados terriblemente perversos para quienes habían confiado en la posibilidad de ver cumplidas sus aspiraciones de mejora.

A pesar de todo, a toro pasado podemos afirmar que la euforia económica [la burbuja, diríamos ahora] que se vivió en Brasil durante los gobiernos de Lula escondió la realidad de las debilidades del gigante brasileño. Una de ellas, inmensa, era y es la corrupción. Ahora las acusaciones judiciales hacia el gran líder, la destitución de la presidenta Rousseff al hacerse efectivo su impeachment, y especialmente los diversos y espectaculares casos de corrupción que han afectado los últimos gobiernos brasileños [desde el Mensalão en 2005 a Petrobras recientemente] han sacudido a la ciudadanía brasileña, polarizándola entre dos posiciones a favor y en contra del PT, de Rousseff y de Lula.

Desde la dirección del PT se ha llegado a decir que se ha producido en Brasil un golpe [de Estado] de nuevo tipo. Como ha explicado el profesor de la UNESP Alberto Aggio, la tesis del petismo es que las clases dominantes, apoyadas por unos medios de comunicación monopolistas y las clases medias reaccionarias perpetraron un golpe de estado mediante acciones de comunicación, jurídicas y parlamentarias. Un conjunto de elementos que conformarían el dispositivo del “golpe de novo tipo”. El mismo Aggio argumenta tanto en cuanto a la carencia de solvencia de la tesis como advierte de su peligro, en la medida que puede conducir a una parte de la izquierda a la relativización de la democracia, supuestamente indefensa ante sus agresores [en este caso esa conspiración, la de los golpistas, que ha echado a Dilma y que ahora acusa a Lula], lo cual puede inducir a concluir que esa democracia tiene que ser sustituida por un régimen también de “novo tipo”, a la imagen de otras experiencias latinoamericanas recientes.

El problema central, aun así, no es sino la incapacidad demostrada por los actores políticos de reducir la inmensa desigualdad social que sufre Brasil, más allá de practicar una política de beneficencia que a pesar de que genera fidelidad partidaria, sólo se puede mantener en épocas de fuerte bonanza económica. Esta carencia de solvencia está unida a una corrupción de dimensiones apocalípticas que hoy por hoy ha llegado –presuntamente- a afectar a aquél que en 2003 abrió la esperanza de realizar un nuevo contrato social entre los brasileños, una mudança do model, para reducir de forma efectiva y sostenible esa desigualdad extrema que sufre el país.  Es terrible como se han hecho pedazos las esperanzas de 2003, a pesar de que habrá que continuar atentos a la evolución del proceso que está generando ya frustración y melancolía para la izquierda política, tanto brasileña cómo  internacional.

En Colombia no se votó contra la paz

Columna publicada el 10.10.2016 en el diario chileno El Desconcierto http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/10/10/en-colombia-no-se-voto-contra-la-paz/

Tras el colosal fiasco de la gran esperanza generada por el acuerdo firmado en La Habana, es a posteriori que los más importantes actores políticos colombianos actúan como debieran haber hecho a priori. Nadie tenía un Plan B, como han reconocido tanto desde el gobierno de Santos como desde las FARC-EP. Tampoco Uribe, quien más allá de conseguir tumbar los acuerdos tropieza con grandes dificultades para gestionar su victoria, más tras la concesión del Nobel de la Paz a su enemigo. Ahora, por distintas razones, tras la inmensa decepción, se han activado unas negociaciones que debieran haberse producido antes de llamar a la gente a votar sobre un tema tan sensible como emotivo, enconado y complejo.

Tras más de medio siglo de guerra interna, una lectura superficial del plebiscito recientemente celebrado en Colombia puede llevarnos a entender que una sociedad aquejada de una grave patología social votó a favor de que sean las armas las que sigan hablando; que los colombianos prefieren seguir con una guerra interminable, con un empate catastrófico a varias bandas en las que ni el Estado es capaz de imponer su ley, ni los insurgentes alcanzan a derrotarlo.

El sorprendente resultado de una consulta que se había diseñado para ser el broche de oro a un proceso que concitó la atención mundial, -el cual congregó en su cinematográfica secuencia final a una impresionante nómina de mandatarios, exmandatarios y personajes muy principales del escenario político planetario- desmintió una vez más todas las prospecciones demoscópicas y destrozó la ilusión de un consenso que se suponía muy mayoritario en favor de refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana, tras cuatro años de negociaciones entre los representantes del Gobierno colombiano y los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo [FARC-EP]. Cuando parecía seguro que los colombianos cerrarían una larguísima etapa de violencia política, tras cincuenta y dos años de guerra, el resultado arrojó un ajustadísimo 49.79 de partidarios de aceptar lo acordado en La Habana, contra un 50.21 de contrarios a hacerlo.

Aunque el 20 de julio de 1964 se suele tomar como bueno para fechar la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por la construcción de su antecedente inmediato el llamado Bloque Sur, algunos especialistas se remontan al año 1948, cuando en el contexto que provocó el asesinato del líder del Partido Liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán se produjo la creación del grupo de autodefensa, mayoritariamente de origen campesino, por parte de su líder histórico Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Tirofijo, que luego daría paso a la guerrilla organizada como brazo armado del Partido Comunista colombiano el 5 de mayo de 1966 .

En la escalada de violencia de las FARC-EP durante los años noventa, parece haber un impasse provocado por la aprobación del llamado “Plan Colombia”, acordado por el presidente Andrés Pastrana y el presidente estadounidense Bill Clinton. Los Estados Unidos transfirieron miles de millones de dólares para desarrollar una acción concertada contra las organizaciones guerrilleras y, paralelamente, contra los cárteles del narcotráfico, entre los que la línea de separación era ya entonces cada vez más tenue. También se estableció la creación de una zona desmilitarizada en San Vicente del Caguán, de más de cuarenta mil kilómetros cuadrados, que estuvo vigente hasta el secuestro del senador Gechen Turbay, en febrero de 2002.

Además, a mediados de los años noventa, los sesenta y un grupos armados de las FARC-EP tenían influencia en el poder local de más de la mitad de los municipios existentes. Esta percepción de la existencia de un Estado dentro de otro fue probablemente lo más perjudicial para la zona de distensión creada por el aludido “Plan Colombia”. Sobre todo, porque habilitó legalmente aquel extenso territorio para campo de entrenamiento, concentración de secuestrados, laboratorios para la producción de coca, asesinatos y expulsión de las autoridades legales. Que las FARC-EP adoptaran una actitud intransigente, unida a un irrespirable clima de violencia generalizada hizo que muchos colombianos perdieran la esperanza en las negociaciones de paz, lo que ayudó al desprestigio de los actores en pugna y –en 2002- a hacer presidente de la República al disidente del Partido Liberal Álvaro Uribe.

El “Plan de Seguridad Democrática”, desplegado por el nuevo presidente, pasó por fortalecer los órganos de seguridad a través del territorio y por la incorporación beligerante de la sociedad colombiana. En esa línea incluyó redes de cooperantes y recompensas a informantes, así como estímulos las deserciones en el mundo guerrillero, la creación de unidades de soldados campesinos, ejecutando un sustancial aumento del presupuesto de defensa del país. A diferencia de sus antecesores, Uribe consideraba que en Colombia no existía un conflicto político en formato de lucha armada, sino un problema de carácter terrorista causado por las guerrillas.

Amnistía Internacional ha mantenido tradicionalmente la tesis de que todas las partes en combate han ignorado el respeto a los derechos humanos. AI ha llamado la atención de las autoridades colombianas, en cuanto a su responsabilidad histórica y actual en las causas del conflicto. Además, en una serie de informes relativos a la intimidación de los activistas de derechos humanos, los periodistas y los candidatos a las elecciones, así como la violencia sexual de la que son objeto las mujeres en el marco del enfrentamiento armado, ha insistido en que las verdaderas víctimas se encuentran en la población civil. Ideas éstas también presentes en los informes de Human Rights Watch y en los de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por violaciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento de menores, actos de violencia sexual, desapariciones forzadas, secuestro de civiles [que incluye los llamados falsos positivos a cargo del Ejército], trato inhumano de rehenes y desplazamientos forzados.

¿Cómo entender que los colombianos han votado en contra de acabar con esta situación gangrenada por décadas de conflicto armado? Una guerra en la que han interactuado el Ejército colombiano, los diversos grupos guerrilleros [entre otros las FARC-EP, el M-19 y el ELN, todavía activo este último], los paramilitares de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], y los miles de pistoleros y sicarios de los cárteles de la droga [como el de Medellín, el de Cali, y otros].

Lo primero que se puede decir para responder a la pregunta anterior es que votar, lo que se dice votar, los colombianos votan tradicionalmente poco y el plebiscito no ha roto la costumbre. Sólo el 37.44 de los que tenían derecho a voto lo ejercieron, es decir que de los casi 35 millones de censados dentro y fuera del país, escasos trece millones se acercaron a las urnas, mientras que más de 21 millones no lo hicieron. Descontando los problemas que los expertos aducen respecto a los déficits del censo, y los derivados de una climatología adversa en partes del país por el huracán Mathew, algunas explicaciones más exige el absentismo político de tantísima gente.

Carlos Malamud ha apuntado una elevada insatisfacción ante los acuerdos alcanzados, tanto porque se ha extendido la idea de que la violencia secular ejercida por las FARC-EP iba a quedar impune, como por la instrumentación interesada que han realizado el expresidente Uribe y su partido, desde la oposición más radical. Efectivamente, Álvaro Uribe ha conseguido golpear duramente a su contrincante, el actual presidente Juan Manuel Santos, convirtiendo –en parte al menos- el plebiscito en unas primarias de las elecciones presidenciales de 2018. Uribe explotó el fantasma del castro-chavismo y de la probable instauración de una dictadura bolivariana en caso de victoria del Sí. De hecho, como ha reconocido el gerente de la Campaña del NO, Juan Carlos Vélez, apenas se apeló a que los votantes se posicionaran sobre lo acordado en Cuba, sino que, en realidad, la estrategia de Uribe y los suyos fue apelar a la indignación ciudadana. Ésta fue, lisa y llanamente, la estrategia de la campaña que terminó con el triunfo del No. Textualmente, Vélez -quien por el escándalo que se organizó ha tenido que dimitir como miembro del partido de Uribe y ha ofrecido unas disculpas humillantes- había declarado: “La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”.

Ahora que el resultado de las urnas no ha sido el esperado por los firmantes del acuerdo de La Habana, el que aseguraban los sondeos, ahora es cuando se ha establecido un diálogo, incluso una incipiente negociación entre los actores políticos actuales, gobierno y oposición; es decir, entre Santos y Uribe. Puede pensarse que una letal mezcla de miopía y egoísmo, en un contexto en el que ni los unos ni los otros tenían la paz como objetivo central, sino que pretendían sacar importantes réditos políticos de la situación, está detrás tanto del resultado concreto de la consulta como de la baja participación.

No obstante, tras esa incomprensible falta de previsión -que revela en última instancia la debilidad de los liderazgos y la carencia de sentido de Estado- han surgido voces que quieren ver luz en el túnel derrumbado. El gobierno de Santos –ahora reforzado por la obtención del Nobel de la Paz- trata de recuperar la centralidad sobre el escenario, y lo hará buscando el apoyo del Congreso en el que goza de mayoría; mientras que la oposición liderada por Uribe ha de saber gestionar su éxito sin adjudicarse la paternidad exclusiva del NO y sin que nadie pueda pensar que está en contra del fin de la violencia. El Estado Mayor de las FARC-EP, a su vez, no puede desmentir su publicitada e inequívoca apuesta por la paz, entre otras cosas porque es mucho lo que pusieron sobre la mesa de las negociaciones y ahora, sencillamente, no pueden revertir militarmente los pasos dados en favor del fin de la confrontación armada. Así pues, parece que todos habrán de hacer de la necesidad virtud.

Son muchos los analistas que han conectado el resultado del plebiscito colombiano con el Brexit reciente, incluso para refutar una supuesta anomalía colombiana, la del inexplicable y aparente voto contra la paz. No parece que más allá del fallo de los sondeos [algo bastante frecuente últimamente] y de las inclemencias meteorológicas, se puedan establecer más conexiones.

Eso no significa que Colombia sea otro planeta. Al contrario. Quizá lo que ha ocurrido en aquel país sudamericano tenga que ver con otra realidad política bastante extendida en Occidente: la de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos de extrema complejidad sobre los cuales quienes debieran de decidir –asumiendo todas las responsabilidades que de ello se derivaran- serían los representantes elegidos por esa ciudadanía para analizar, discutir y pactar hasta conseguir los acuerdos que gocen de las más altas dosis de consenso entre los ciudadanos. Fracasada la vía de una irresponsable e imposible democracia directa, habrá de retomarse la de la a veces denostada democracia representativa, haciendo trabajar las instituciones, singularmente el Congreso.

Quizá una buena parte de los colombianos que votó NO y, todavía más, muchos de los que no votaron, expresaron su disconformidad con unos líderes partidarios que no han estado a la altura de lo que el país necesita, y que además de utilizarlos en sus particulares luchas de poder, no han hecho sino trasladar a los ciudadanos una buena parte de las responsabilidades que ellos debieran de haber asumido y desarrollado antes, mucho antes de convocar a la gente a las urnas.



La senadora liberal Sofía Gaviria, antes cuestionada por sus opiniones críticas sobre las negociaciones de La Habana, ha concitado amplios apoyos a una idea superadora de los antagonismos que cristalizaron en el plebiscito: “Hay que pasar la página de los comités y de los partidos por el Sí o por el No, unirnos todos y actuar con grandeza. Es necesario que cesen los discursos en clave política [partidaria], con miras a las elecciones del 2018, y que los dirigentes obren más allá de los intereses particulares”.